En mi colaboración anterior, abordé el reporte que OXFAM presentó en la apertura del Foro Económico Mundial a principios de enero sobre la desigualdad a nivel global; un tema que ha adquirido mayor relevancia en la agenda internacional dado que se ha venido agravando: dos terceras partes de la riqueza generada desde 2020 ($42 trillones de dólares) la concentra sólo el 1% de la población.
Para el caso de México, la organización mencionada presentó la semana pasada el reporte que tituló “¿Quién paga la cuenta?, los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México”, documento en el que se presenta evidencia para desmentir tres mitos que prevalecen sobre los impuestos a las grandes fortunas nacionales: (1) que los multimillonarios ganaron su fortuna SOLO gracias a su propio esfuerzo; (2) que ya pagan lo que les toca pagar de impuestos y (3) que México no es Suecia, por lo que el cobro de impuestos a la riqueza en nuestro país jamás sería posibles.
Antes de abordar cada mito, es importante dar contexto con cuatro datos con los que OXFAM muestra claramente la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos y con la consideración de un hecho contundente: aún sin corrupción, al día de hoy el dinero público de México no alcanza para cubrir las necesidades de una población creciente, es indispensable recaudar más impuestos.
Los cuatro datos. (1) Carlos Slim, el hombre más rico de México y América Latina, concentra más riqueza que la mitad de los mexicanos, y ha visto crecer su riqueza en un 42% desde el principio de la pandemia; (2) En 2021, las grandes empresas en México pagaron una tasa efectiva de ISR (impuesto sobre la renta) de entre el 1 y el 8% del total de sus ingresos, mientras que un empleado promedio (del sector privado o público) paga 30%; (3) El gobierno mexicano recauda 17.8% de impuestos respecto del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano (arriba del 20%) y del promedio de la OCDE (casi 35%); (4) México ocupa el último lugar entre las grandes economías de América Latina y el Caribe en lo que se refiere a la recaudación de impuestos a la riqueza: sólo el 0.34% del PIB, mientras que Latinoamérica recauda el 2.57%. Cabe recordar que el impuesto a la riqueza se refiere al patrimonio y, por tanto, es diferente al impuesto a los ingresos.
El hecho contundente. El gobierno de México cuenta con recursos escasos y poco margen de maniobra para responder a las crisis que se presentan debido a que las obligaciones de pago son cada vez mayores, entre ellas, el servicio de la deuda y las pensiones. Esta situación se ve agravada por el bajo nivel de recaudación que ha prevalecido desde siempre, el cual es sólo comparable a países de ingresos bajos, siendo que nuestro país es de ingreso medio.
Según refiere el economista Víctor Urquidi en su obra “El fracaso de la reforma fiscal de 1961”, ya en los años sesenta las autoridades de nuestro país identificaron el problema de la baja recaudación e intentaron abordarlo. El entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, apoyado por Urquidi y el renombrado académico inglés Nicholas Kaldor, trabajaron arduamente en un proyecto de reforma tributaria progresiva que contemplaba un impuesto al patrimonio, a fin de lograr un fuerte incremento en la recaudación. Lamentablemente ese proyecto no vio la luz más que en un informe del Banco Mundial de 1962, mientras que ese mismo año avanzó una versión conservadora que, evidentemente, nos ha traído al punto en el que hoy se encuentra la hacienda mexicana.
Mito 1. “Los súper ricos ganaron sus fortunas echándole ganas”. Entre las quince personas multimillonarias (sus fortunas eran mayores a mil millones de dólares en 2022), tenemos que: 10 de ellas lo lograron gracias a la herencia y pertenecen a dinastías que han perpetuado su riqueza y poder de generación en generación en un país en el que no existe un impuesto a las grandes herencias. Tres de ellas entraron a la lista en 2022, también gracias a la herencia de la fortuna de sus padres. Ocho de ellas se consolidaron gracias a las privatizaciones del gobierno mexicano durante las décadas de los ochenta y noventa. Y seis de ellas se consolidaron por medio de concesiones del estado, como las telecomunicaciones y la minería.
Al parecer, le echaron ganas sólo para recibir herencias y para consolidar poderosas relaciones políticas, pues no hay ni una sola gran fortuna que haya sido fruto del esfuerzo del estudio, el trabajo, la experiencia o la investigación, como es el caso de los Estados Unidos: Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), aunque es verdad que nuestros vecinos del norte también tienen un problema de concentración de la riqueza pero al menos ellos SÍ la generan, no sólo la heredan o la obtienen por sus relaciones políticas.
Mito 2. “Los súper ricos ya pagan lo que les toca de impuestos”. Los contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos federales y, como ya se refirió arriba, las grandes empresas pagan una tasa efectiva de ISR entre el 1 y el 8% del total de sus ingresos. Esto es posible porque los súper ricos y sus empresas se valen de diversas formas para disminuir el pago de los impuestos, además, se estima que hasta 400 mil millones de pesos en beneficios empresariales en México son transferidos anualmente a paraísos fiscales, lo que obviamente escapa del potencial de recaudación de la hacienda mexicana.
Es claro que los súper ricos de México no sólo no pagan lo que les toca de impuestos, sino que evaden a las autoridades fiscales para seguir haciendo crecer su riqueza sin devolver (vía impuestos) lo que corresponde al país que los ha hecho multimillonarios.
Mito 3. “México no es Suecia, los impuestos a la riqueza jamás serían posibles”. Habría que empezar diciendo que los impuestos a la riqueza en México existieron y fueron derogados: el impuesto a las ganancias extraordinarias, que se cobraba sobre las utilidades que rebasaban el 15% del capital contable de la empresa y contaba con tasas progresivas, se derogó con la llegada al poder de Manuel Ávila Camacho, a quién Cárdenas eligió sobre Francisco J. Múgica (hay quien considera esta decisión como un grave error histórico); el impuesto sobre utilidades excedentes se eliminó en 1953; el impuesto a las herencias y sucesiones fue eliminado en 1962 como una concesión a las élites en la reforma fiscal arriba referida.
Resulta evidente que, si antes fue posible gravar a los más ricos y su patrimonio, ahora que ha crecido el número de súper ricos y el monto de su riqueza es obvio que no sólo es factible sino justo y necesario gravarlos. Además, el espíritu de la región latinoamericana, en donde actualmente prevalecen gobiernos progresistas, es la oportunidad ideal para avanzar en un proyecto largamente postergado.
OXFAM refiere que tan solo un impuesto federal a las grandes fortunas en México significaría una recaudación de hasta 270,000 millones de pesos anuales, suficiente para incrementar el gasto en salud pública federal en casi 40% o multiplicar 17 veces el gasto federal actual en protección ambiental (y como bien sabemos, las afectaciones al medio ambiente perjudican más a quienes menos tienen).
De ahí la importancia hoy más que nunca (o al menos debería ser un reto para el próximo sexenio) de llevar a cabo una reforma fiscal profunda y progresiva, muy a pesar de la resistencia que presenten las élites económicas, que siempre estarán para defender sus intereses incluso a costa del beneficio de la mayoría de los mexicanos: vencer esa resistencia y acabar con la desigualdad que impera en México es una cuestión de justicia social y ética política, pues cuando los superricos no pagan sus impuestos, quienes los pagan somos el resto de los mexicanos de a pie: los empleados, los comerciantes (formales e informales), los funcionarios públicos, los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores…
Para que las grandes fortunas de México ayuden a pagar la cuenta que hoy no están pagando, OXFAM recomienda las siguientes cinco medidas: (1) establecer un impuesto federal progresivo a las grandes fortunas, (2) promover modificaciones fiscales profundas, progresivas y transparentes, (3) revisar los privilegios fiscales del 1% más rico, (4) priorizar la inversión pública en infraestructura social, como salud, educación y cuidados y (5) impulsar la participación del gobierno mexicano en las discusiones fiscales regionales.
Más allá de las recomendaciones de OXFAM, que me parecen completamente acertadas, recordemos la frase contundente del doctor en economía Raymundo Campos, en su libro “Desigualdades”, comentado en este espacio en octubre pasado: “el combate a la desigualdad en México debiera ser materia de seguridad nacional, dado que la brecha entre el norte y el sur de México se sigue abriendo y pronto tendremos más diferencias que afinidades”. Anteponiendo el más alto interés de la nación, la erradicación de la desigualdad, a través de una profunda reforma fiscal, se hace imperante.
